La aprobación unilateral del equipo de Capellán de las condiciones de trabajo de los empleados municipales marca un antecedente, único en el territorio nacional, contra derechos fundamentales.
La asamblea de la Sección Sindical de FSP-UGT, celebrada el pasado día 9, estudió la aprobación de las condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Haro para el 2014, aprobadas unilateralmente por los concejales del PP y publicadas en el BOR del día 3 de enero, sin previo aviso a los representantes de los trabajadores que nos enteramos a través del citado medio.
La Sección Sindical denuncia que desde el 2005, que se solicitó la apertura de negociaciones, se comenzó a negociar en el 2008, sin obtener ningún compromiso por parte del Ayuntamiento de mejora alguna.
Ahora saltándose todos los procedimientos legales de negociación colectiva, impone a sus trabajadores unas condiciones laborales, que empeoran las vigentes desde el 2005.
Por ello desde FSP-UGT denunciamos esta práctica, única en España, de sustituir la negociación de Acuerdo y Convenio por la imposición de sus propios criterios. Una cacicada propia de dueños de cortijo y no de representantes institucionales.
Mediante el estudio del propio Boletín Oficial de La Rioja, se observaron las siguientes cuestiones:
• Que desde el 9 de mayo de 2008, se está negociando el Acuerdo-Convenio, fruto de la solicitud, en el 2005, por parte del Presidente de la Junta de Personal.
• Que ha existido evidente mala fe, por parte del equipo de gobierno, al volver a solicitar la negociación en el pleno del 28 de agosto de 2012, cuando ya se estaba negociando para poder así acogerse a la nueva reforma laboral de vigencia de convenios que permite tras un año de negociación la finalización de vigencia.
• Que mienten en el mencionado BOR cuando afirman que consideran lo dispuesto en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, pues no respetan lo dispuesto en el Capítulo IV, sobre el Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional.
Por todo ello, los Servicios Jurídicos de UGT están estudiando las actuaciones legales que se pueden llevar a los tribunales ante este despropósito municipal.
Una vez se tenga elaborado el informe jurídico, se comunicará en asamblea general para que sean los empleados municipales quienes decidan las actuaciones a seguir.
