La profesionalización de los empleados públicos (mediante la formación, la cualificación, la promoción y la carrera) constituye un factor relevante para incrementar la productividad de cada empleado público y de la organización en su conjunto, siendo éste un objetivo esencial para alcanzar los niveles de competitividad a que debe aspirar un país como el nuestro, en el marco de la Unión Europea y en la dinámica de la globalización.
Pero claro, dicha profesionalización conlleva ineludiblemente un reconocimiento salarial a la progresión desarrollada al respecto, lo que contribuye a la mejor calidad del trabajo desempeñado, como un instrumento de motivación y compromiso del personal, de creación de cultura y valores, de progreso personal y profesional, y de transmisión y conservación del conocimiento. Todos estos elementos influyen de modo directo en el mejor desempeño y son uno de los signos distintivos de las organizaciones más avanzadas y eficientes.
En definitiva, apostar por la profesionalización de los empleados públicos es una de las mejores inversiones que puede hacer cualquier organización y paralelamente, desde la posición de los empleados públicos, la progresión profesional constituye sin duda una herramienta esencial en el desarrollo de su carrera profesional, a través de los mecanismos que se consideren oportunos, y con el correspondiente refrendo salarial. Por ello se hace preciso el desarrollo del derecho a la carrera profesional prevista en el EBEP y contemplada en el Informe de la CORA y que tan buenos resultados está ya generando allí donde se ha implantado.
Si queremos mantener a los mejores profesionales en la Administración General del Estado, incluso atraerlos de otros ámbitos, resulta imprescindible incrementar los salarios de los empleados públicos, primando e incentivando su perfeccionamiento profesional.
En ese sentido, solicitamos la convocatoria de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para tratar estas cuestiones.
