El Gobierno de La Rioja no puede eludir su responsabilidad y debe exigir a las empresas concesionarias que cumplan sus compromisos laborales.
UGT ha calificado de infamia la negativa de las patronales a actualizar las tablas salariales conforme se recoge en su convenio.
UGT Servicios Públicos La Rioja continúa su campaña reivindicativa para reclamar a la patronal de la dependencia que cumplan sus compromisos y actualicen las tablas salariales de sus plantillas de acuerdo al IPC real. En esta línea, la Secretaría de Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos La Rioja ha remitido una carta a Pablo Rubio, consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, en la que le traslada la grave situación que sufren las trabajadoras y trabajadores de este colectivo en La Rioja
El sindicato ha denunciado el incumplimiento del convenio en vigor y ha calificado de infame la actuación de las patronales en este aspecto, pues condenan a sus trabajadoras, principalmente mujeres, a la precariedad. Se trata de un colectivo de más de 2.000 personas que ven cómo su poder adquisitivo disminuye día tras día por la negativa de las patronales a aplicar el artículo 8 del VII Convenio Marco Estatal. Este texto recoge expresamente que “se incrementarán anualmente, en el mes de enero, los conceptos retributivos en la misma cuantía que el índice de precios al consumo (IPC) real del año anterior”. “La cláusula de revisión salarial automática opera, por tanto, automáticamente, al encontrarse este Convenio en ultraactividad, máxime si se tiene en cuenta que el PIB del año 2021 ascendió al 5%” argumenta UGT en la carta que ha dirigido a la Consejería.
Se trata de un sector fuertemente privatizado, que presta el servicio en conformidad con las Administraciones Públicas utilizando para ello diferentes vías: concertación de plazas, licitaciones públicas para la gestión de los servicios y colaboración entre entidades del sector y Administración Pública. Desde nuestra Comunidad Autónoma se están destinando importantes partidas económicas para financiar la Dependencia, prestando un servicio a la sociedad y generando empleo. Sin embargo, lo que inicialmente se preveía como un nuevo yacimiento de empleo tras la publicación de la Ley 39/2006 de la Dependencia, ha acabado convirtiéndose en un empleo precario, feminizado y cuya profesionalización tiene significativas carencias para poder ser definido como empleo de calidad.
