UGT Servicios Públicos La Rioja ha instado este lunes a los partidos políticos con representación en el Parlamento regional a aprobar la nueva Ley de Función Pública, después de que todas las organizaciones sindicales en la mesa de negociación excepto CSIF aprobaran un buen acuerdo para mejorar los derechos de los trabajadores públicos riojanos.
El secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez; acompañado de los secretarios sectoriales de Sanidad, Roberto Mendaza; Educación, Carmen Fernández; y Comunidad Autónoma, Miguel Ángel Gurrea, han ofrecido una rueda informativa en la que han explicado la postura del sindicato acerca del anteproyecto de Ley de Función Pública regional.
Fernando Domínguez ha señalado que la semana pasada finalizó una negociación que empezó el pasado mes de mayo. “UGT ha negociado intensamente durante todo el verano para cerrar el acuerdo con el texto definitivo”, ha dicho el secretario general de UGT Servicios Públicos, quien ha recalcado que todas las organizaciones sindicales excepto CSIF dieron el visto bueno a un texto que debe proseguir su tramitación y elevarse al Parlamento de La Rioja para que se pueda aprobar como ley.
“Hay que señalar que la Ley de Función Pública actual data de 29 de junio de 1990, de hace 32 años, por lo que está totalmente obsoleta”, ha criticado Domínguez, quien ha añadido que “es muy importante que se apruebe esta ley”.
En este sentido, ha aclarado que esta ley afectaría a todo el personal que trabaja al servicio de las Administraciones Públicas en La Rioja, tanto en la Administración Autonómica, entidades locales, universidad y en todo el ámbito de la Sanidad, Educación y Justicia; a los cuales se les aplicaría las disposiciones de esta ley, siempre que no estén reguladas en su legislación básica.
Esta ley tan importante, con más de 144 artículos en su conjunto, recoge entre otras cuestiones, los derechos y deberes de los empleados públicos, independientemente de que sean funcionarios de carrera, interinos, personal eventual o personal laboral, y regula todas las formas jurídicas del personal. Además, recoge derechos como el derecho a la movilidad y la regulación de los procesos de selección.
Una de las cuestiones fundamentales es la creación de los nuevos cuerpos y escalas funcionariales dentro de los anexos de esta ley: en ellos se actualizan las titulaciones, y las funciones de todos los cuerpos y categorías profesionales al servicio de la Administración, ha dicho Domínguez.
Ha incidido en un aspecto muy importante que incluye este proyecto, es el de la creación del grupo B funcionarial, que encuadra aquellas categorías cuya titulación de acceso requerida es de formación profesional de grado superior. Esas titulaciones creadas hace unos años, en el nuevo marco regulatorio de las titulaciones académicas, en La Rioja siguen sin estar encuadradas en el grupo que les corresponde, hasta la aprobación de la nueva ley.
En este sentido, dentro del grupo B se crean cuerpos como de Ayudante Técnico de Agentes Forestales, o los de Ayudante Técnico en las escalas de Educación Especial, de Educación Infantil, Delineación, de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información y de Técnicos de Laboratorio, que son cuerpos con titulación de formación profesional.
“La creación de estos cuerpos va a permitir que se reorganice el personal que desempeña estas funciones dentro de la Administración”, ha agregado el secretario general de UGT Servicios Públicos, quien ha informado que se han actualizado la clasificación de algunas categorías que estaban en grupos inferiores y se han reclasificado en otros grupos.
Así, en el grupo C1 quedan clasificados dentro del Cuerpo de Ayudantes Facultativas, las escalas de Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, de Sistemas y Tecnologías de la Información, de Laboratorio, de Administración Financiera y Tributaria y los Bomberos Forestales, a los cuales, tras años de lucha por parte de este sindicato se ha conseguido que se les incluya dentro de este anteproyecto de ley y se les considere como cuerpos funcionariales.
“También se actualizan las funciones de muchos cuerpos funcionariales que datan de los años 90 y estaban totalmente obsoletas con la realidad actual”, ha aseverado Domínguez, quien ha apuntado que la función de los profesionales de la Administración ha ido variando, al igual que en el resto de la sociedad.
Otro aspecto novedoso que se ha modificado es la normativa respecto a los interinos y sus retribuciones. Anteriormente la ley anterior excluía que pudiesen tener acceso al cobro de determinadas retribuciones, y este anteproyecto de ley reconoce que tienen derecho a cobrar, por ejemplo, la carrera profesional y una serie de cuestiones que no estaban recogidas en la ley de 1990.
Se han incluido otras cuestiones como la reducción voluntaria del complemento específico, que anteriormente no estaba regulada en la Ley de Función Pública. “En la CCAA estaba regulada en alguna norma, pero no estaba con carácter básico como se ha incluido dentro de este anteproyecto”, ha afirmado Domínguez, quien ha expresado que “ lo importante es que es una ley básica que afecta a todo el personal”, y “aunque para UGT queda algún aspecto pendiente dentro de la negociación, más del 75% de las alegaciones presentadas por UGT han quedado aceptadas”.
UGT pide “responsabilidad” a los partidos políticos
El secretario general de UGT Servicios Públicos, Fernando Domínguez, ha pedido responsabilidad a los partidos políticos que tengan que tramitar este proyecto de ley. “Pedimos la misma responsabilidad que hemos tenido las organizaciones sindicales para trabajar con mucho empeño en este anteproyecto”, ha defendido Domínguez, quien ha exigido que respeten el texto que ha salido es lo que pedimos ahora lo tengan ellos en el parlamento y respeten el texto que ha salido de la negociación colectiva, porque “recoge” sensibilidades de todas las organizaciones sindicales.
Ha añadido que, dado el carácter básico de esta ley, muchos de los aspectos en ella recogidos podrán ser mejorados a través de la Negociación Colectiva en las distintas Administraciones Públicas, por ejemplo, en el apartado de permisos y vacaciones.
Ha recordado que las organizaciones que van votado a favor de este texto son CCOO, STAR y FSES y UGT, siendo CSIF el único que ha votado en contra. CSIF tiene un 29,20% de delegados dentro de la Administración Pública de La Rioja (33 delegados), mientras que el resto de sindicatos suman el 70,80% (72 delegados).
