UGT pide la aplicación del Real Decreto 10/2015 para todos los empleados públicos en La Rioja

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La Federación de Servicios Públicos de UGT de La Rioja exige al Gobierno regional, a las administraciones locales y a los organismos públicos de nuestra comunidad autónoma que apliquen de oficio los derechos de los empleados públicos reconocidos en el Real Decreto 10/2015.

El Real Decreto 10/2015, aprobado el pasado viernes en consejo de ministros, y en vigor desde su publicación, el día 12 de septiembre, devuelve parte de los derechos que los empleados públicos tenían antes de la entrada en vigor del Decretazo 20/2012 en materia de Paga extraordinaria de Navidad (se recupera el 26,23 %), permisos por asuntos particulares y días de vacaciones por antigüedad.

Aunque los recortes del Decretazo de 20/2012 afectaron por igual a los trabajadores de las tres administraciones, el Real Decreto 10/2015 es de aplicación directa únicamente a los empleados de la Administración General del Estado (salvo el 6º día de asuntos particulares que lo reconoce en todas las administraciones al tratarse de una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público). y deja a voluntad del resto de las administraciones y «si su situación económico financiera lo hiciera posible» la aplicación al resto de empleados públicos.

FSP-UGT La Rioja recuerda que si es cierta la «recuperación económica de La Rioja», como así presume el ejecutivo regional y los ayuntamiento riojanos,  deberían aplicar de inmediato estos derechos reconocidos por Real Decreto, y evitar así el agravio que la tardanza en su aplicación pueda ocasionar a los empleados públicos de La Rioja

Además, la FSP-UGT La Rioja insta a las diferentes administraciones y organismos públicos a iniciar un proceso negociador con los agentes sociales para tratar la recuperación del resto de derechos pendientes (50% de la Paga Extra 2012, Carrera Profesional, Jornada 35 horas, subida salarial pendiente, y Oferta de Empleo Público, entre otros).

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UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.