- Para mañana, viernes 14 de marzo, se ha convocado una concentración a las 12 h frente a la Dirección General de Servicios Sociales (C. Villamediana,17) para reclamar medidas contra las agresiones en estos centros
- Denunciamos la precariedad laboral y la falta de seguridad en estos centros, financiados con fondos públicos pero gestionados por empresas privadas sin las garantías adecuadas
Los sindicatos y colegios profesionales lamentan profundamente el asesinato de una trabajadora en un piso tutelado de Badajoz, presuntamente a manos de varios menores. Los sindicatos y colegios profesionales condenan enérgicamente estos hechos y trasladan su más sentido pésame a la familia y allegados de la víctima.
Sucesos de tal gravedad ponen una vez más de manifiesto las deficiencias del sistema de protección juvenil. Las políticas de licitación priorizan el ahorro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras y de los y las menores, así como las precarias condiciones laborales del personal que trabaja en estos centros.
Estos recursos con menores, aunque están financiados con fondos públicos, su gestión recae en empresas privadas que no garantizan unas condiciones de trabajo dignas ni seguras.
La trabajadora falleció tras sufrir una agresión violenta, mientras se encontraba sola y sin apoyo en su turno de noche, al recogerse dicha posibilidad en la licitación. Estas licitaciones no cuentan con la realidad del sector, siendo especialmente alarmante la imposibilidad de una intervención social adecuada, dejando en desprotección a los menores y a los profesionales que les atienden.
Esta tragedia no es un accidente, sino el resultado de una mala planificación en las licitaciones, donde el apartado económico tiene más importancia que contar con plantillas bien equipadas, bien remuneradas y regularmente formadas, con las mínimas condiciones de seguridad necesarias para hacer un trabajo de calidad.
Las condiciones de estos establecimientos, donde los trabajadores se enfrentan estrés emocional, turnos en solitario y potenciales situaciones de conflicto, requieren medidas preventivas inmediatas.
Entre ellas, los firmantes proponemos las siguientes:
- Obligatoriedad de contar con al menos dos profesionales por turno.
- Instalación de sistemas de alarma y comunicación directa con los cuerpos de seguridad.
- Protocolos específicos de actuación ante situaciones de violencia.
- Evaluación y seguimiento de los perfiles de riesgo de los menores acogidos.
- Reversión de la externalización de los servicios sociales, suspensión de las licitaciones a la baja, y revisión de los pliegos.
- Mayor control de las exiguas ratios de personal, y aumento de las mismas.
Se recuerda que se lleva tiempo denunciando incidentes graves en los centros de protección y reforma de menores, sin que la Administración haya tomado medidas efectivas.
Por ello, exigimos a la Administración como máxima responsable y a las empresas privadas gestoras que hagan análisis de conciencia y actúen en consecuencia para no tener que lamentar más situaciones como esta. Todos debemos preguntarnos si se hubiera podido evitar esa tragedia si en ese turno hubiera habido más de una persona trabajadora.
