UGT, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa de Transportes Sanitarios de La Rioja UTE, lamenta que una vez más se vuelven a vulnerar los derechos de usuarios y trabajadores, a raíz de las determinaciones tomadas por los responsables de la empresa y que han sido aceptadas por la Consejería de Salud, tras los desprendimientos de la semana pasada en la carretera LR-113, donde desgraciadamente falleció un trabajador.
En primer lugar, han dejado en el Centro de Salud de Nájera un vehículo A-1, de los llamados convencionales, que son según el RD-836/2012 “Ambulancias de clase A1, o convencionales, destinadas al transporte de pacientes en camilla”. Estos vehículos no son de urgencias, los únicos vehículos de urgencias son los B y C. El resto (Soportes Vitales Básicas y Avanzadas, SVB o SVA) son vehículos que de ninguna forma deberían estar incluidos en el pliego licitado en el año 2016 para realizar urgencias, y al incluirlos incumplieron la ley.
En segundo lugar, poniendo de nuevo en valor la incompetencia de los responsables de la empresa, han ordenado verbalmente que “en el momento que surja un aviso en la zona donde no se puede acceder por carretera, se desmonte el material de la SVB de Nájera y se traslade al vehículo A-1 para realizar la asistencia”. Los trabajadores en ningún caso saben el material que pueden necesitar hasta que no conocen la situación. Además, es muy grave mandar llevar material en un vehículo en el que no se puede fijar ni estabilizar, con el consiguiente riesgo para usuarios y técnicos, e incumpliendo una norma básica de seguridad vial.
En tercer lugar, otra grave irresponsabilidad es mandar entrar a los trabajadores en esos vehículos a las pistas forestales. Los vehículos A-1 no tienen tracción, y en invierno es demencial plantearlo. El problema se agrava porque con la connivencia del anterior Gobierno de La Rioja los vehículos SVB tampoco tienen tracción, como tenían los vehículos con las anteriores concesionarias.
Y en último lugar, no es la primera vez que se utilizan estas formas unilaterales, sin anuncio, consenso ni ningún tipo de información. Por ello, UGT afirma que se debe responsabilizar a la empresa de estas medidas que ponen en riesgo a usuarios y a trabajadores.
