Convocados por los sindicatos UGT, CSIF, ACAIP y CC OO, los empleados públicos del Centro Penitenciario de Logroño se han concentrado hoy en la Plaza del Parlamento, para protestar por sus condiciones laborales. Se trata de una convocatoria nacional dirigida a los empleados públicos de todos los centros penitenciarios del país. Previamente, los representantes sindicales se han reunido con la presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González, para comunicarle su situación.
En el Centro Penitenciario de Logroño, UGT, CSIF, ACAIP, CIG y CCOO reivindican más dotación de personal y de medios, ya que su plantilla de trabajadores de vigilancia tiene actualmente 47 vacantes, con un grave problema de envejecimiento de la plantilla. Precisamente, la falta de personal es una de las causas fundamentales del aumento de las agresiones que se viene produciendo en los últimos años.
A este respecto, los sindicatos consideran necesario que, de forma urgente, la Administración Penitenciaria implante una verdadera política de prevención de riesgos laborales y desarrolle programas de tratamiento y prevención de la violencia en las cárceles.
Otra de los grandes problemas del colectivo es la pérdida de poder adquisitivo, que alcanza el 14%, que viene agravada por brechas salariales injustificadas entre puestos de trabajo iguales, como consecuencia de la clasificación por categorías de los centros. En este sentido, los sindicatos instan a la actualización de la categoría del Centro Penitenciario de Logroño, que ostenta una de las más bajas de España y, en consecuencia, sus trabajadores cuentan con unos de los peores salarios.
Además, los empleados no tienen posibilidad de acceder a promoción interna, carrera profesional ni a concursos de traslados, y están sufriendo recortes en formación y en acción social.
Asimismo, UGT, CISF, ACAIP y CCOO denuncian que la Administración está desmantelando la Sanidad Penitenciaria y que sigue privatizando servicios.
Estos sindicatos, que ostentan la mayoría de la representación sindical, llevan 1 año de intensa campaña de movilizaciones, que incluyó 6 huelgas generales en los meses de octubre y noviembre de 2018, para denunciar la situación de deterioro público de la prisión de Logroño, visibilizar el abandono que sufre el colectivo penitenciario y reivindicar unas mejoras salariales justas para los empleados públicos que en ella trabajan.
