La manifestación funcionarios de Justicia en Logroño, el 20 de julio a las 12:30 horas

Como ya habíamos advertido, el conflicto en Justicia sigue. Coincidiendo con estos actos se ha convocado un paro general de 24 horas en la Administración de Justicia el día 20 de julio, al igual que sucedió el pasado día 11 de julio. Este Gobierno todavía está a tiempo de rectificar y sentarse a negociar y resolver el conflicto antes de las elecciones.

Con Letrados y con los Jueces y Fiscales, la negociación real tan sólo tomó unas cuantas reuniones. Las organizaciones sindicales, el comité de huelga y el personal de Justicia nunca han abandonado la mesa de negociación.

El Gobierno, que sigue sin estar en funciones, aprueba decretos leyes de más de 400 páginas o mañana, la oferta pública de empleo para 2023 o habilita 440 millones de euros para propaganda institucional, pero sigue sin sentarse a negociar un acuerdo que pueda poner fin a este conflicto con la mayor parte del personal de Justicia en una muestra de clasismo ajeno al ideario que dicen defender.


Por otro lado, sigue sin responder a la propuesta de mediación presentada por el comité de huelga el 29 de junio. Un signo más de hipocresía de este Gobierno y de este Ministerio que lleva vendiendo la mediación y el arbitraje como alternativas a los juicios, pero cuando es el mismo el que está implicado, mira para otro lado.


De todos modos, este conflicto va a permanecer mientras no haya un Gobierno responsable que asuma su obligación de sentarse a negociar y llegar a un acuerdo económico de subida salarial tal y como se ha hecho con Letrados, Jueces y Fiscales. Gracias a todas las acciones que se han puesto en marcha durante los últimos meses, el próximo Gobierno, sea del signo que sea, sabe perfectamente lo que está sucediendo en la Administración de Justicia y tiene como primera función resolver este conflicto poniendo encima de la mesa una propuesta económica y negociar cualquier proyecto de reforma de la Justicia.


Mientras tanto, reiteramos nuestro llamamiento a que no se realicen funciones por encima de las establecidas en la LOPJ y a que no se haga ningún trámite que exija la presencia de Letrado o Juez sin que ellos estén presentes.

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