FSP-UGT denuncia que varios ayuntamientos de La Rioja que tienen contratada la ayuda a domicilio con ADLAR, sociedad cooperativa de iniciativa social, están permitiendo el adeudo de tres nóminas a las trabajadoras -socias cooperativistas- que prestan el servicio directo de ayuda a domicilio, así como retrasos reiterados en los cobros de las nóminas.
Pedimos que las corporaciones locales siendo las empresas principales deberían hacerse cargo de esta deuda de la empresa con sus trabajadores, realizando el pago directo a los trabajadores.
Las administraciones son responsables de los trabajadores de las empresas adjudicatarias de sus servicios. Por lo que es deber de cada administración estudiar la viabilidad económica real de las empresas a la hora de contratar servicios para evitar estas situaciones de impago, ya que lo que contempla la ley de estar al día de la seguridad social y pagar la fianza no da garantía suficiente de avalar que los trabajadores cobren puntualmente.
Por el mismo motivo, desde FSP-UGT nos sorprende la resolución del Gobierno de La Rioja de conceder a ADLAR los programas de formación para obtener el Certificado de Profesionalidad de Atención Socio Sanitarias a Personas Dependientes en Instituciones y de Atención Socio Sanitarias a Personas en el Domicilio.
Esta concesión obliga a la empresa a contratar obligatoriamente al 60% de los alumnos durante 6 meses a jornada completa. Teniendo en cuenta la delicada situación económica por la que está atravesando la empresa, FSP-UGT comparte la preocupación de los trabajadores de como la empresa va a hacer frente a estos nuevos contratos. La formación es muy importante y en especial la que va encaminada a crear puestos de trabajo en sectores de exclusión social, pero instamos al Gobierno de La Rioja que al conceder los programas no se deje deslumbrar por proyectos presentados y compruebe su efectividad de realizarlos.
