FeSP-UGT La Rioja apoya la medida anunciada por la consejera de Servicios Sociales de recuperar la gestión pública de centros residenciales y pide que se materialice con hechos


La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT La Rioja (FeSP-UGT La Rioja) celebra el anuncio realizado en el día de ayer en el Parlamento de La Rioja por la Consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía Ana Santos de recuperar la gestión pública de cinco residencias de personas mayores de La Rioja.

Concretamente se trata de la Residencia Santa María la Real de Nájera, la Residencia de La Rioja de Albelda, la Residencia El Sol de Logroño, la Residencia Los Jazmines de Haro y la Residencia Ciudad de Arnedo cuando finalicen sus pliegos o contratos. Centros todos ellos pertenecientes al Gobierno de La Rioja y que en la actualidad explotan empresas privadas, lucrándose con la prestación de dichos servicios.

Lamentablemente, la pandemia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las residencias de personas mayores, que están sufriendo el mayor número de fallecimientos. Además, las plantillas de estos centros de trabajo, con pésimas condiciones laborales y altísimas cargas de trabajo, se han demostrado más que esenciales, enfrentándose desde el primer momento a algunas de las situaciones más difíciles que el coronavirus está dejando en La Rioja, tal y como ha denunciado FeSP-UGT La Rioja desde el primer momento de esta crisis.

Esta organización sindical siempre ha defendido que los centros residenciales tengan una gestión pública al entender que los servicios que se prestan en los mismos deben estar garantizados a toda la ciudadanía que los requiera.

De hecho, el pasado 17 de febrero este sindicato se sentó con la Consejera Ana Santos para trasladar sus reivindicaciones y preocupaciones en materia de Servicios Sociales, planteando la reversión de las privatizaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo del PP.

Igualmente, durante la crisis provocada por el COVID-19 UGT ha remitido varios informes a la Consejería trasladando la situación de los centros residenciales y sociosanitarios, y su problemática en la gestión de esta pandemia.

UGT confía en que la intención anunciada se lleve a la práctica a la mayor brevedad posible, dado que las adjudicaciones que mantienen estos centros son largas, espera que se amplíe su alcance y advierte que este proceso de desprivatización debe hacerse sin poner en riesgo ni un solo puesto de trabajo, o tendrán enfrente a nuestra organización en caso contrario.

Asimismo, el sindicato reitera a la Consejera nuestra petición de que este proceso no se quede circunscrito solo a los cinco centros anunciados, sino que en el futuro cercano se amplíe al resto.

Es urgente mejorar las precarias condiciones de trabajo que mantienen en la actualidad los trabajadores y trabajadoras del sector con salarios de miseria, excesivas jornadas laborales, elevadísimas cargas de trabajo por falta de personal, altas tasas de parcialidad y temporalidad, infames ratios de personal, nulas mejoras de carácter social, escasas medidas de conciliación y con frecuentes incumplimientos de los convenios colectivos en materia de jornada y descansos.

A su vez, UGT reivindica que se avenga la patronal del sector a mejorar las citadas condiciones en la negociación colectiva del próximo Convenio Colectivo del sector en La Rioja, permitiendo aumentar salarios, reducir jornadas, ampliar y estabilizar plantillas, implantar mejoras sociales y de conciliación familiar y mejorar la prevención, la seguridad y la salud de los trabajadores.

Por todo ello, este sindicato de nuevo insiste en la necesidad de reconocer el trabajo del personal de centros residenciales como el servicio público que es y darle el tratamiento que se merece, garantizando y aumentando los puestos de trabajo y mejorando sustancialmente sus condiciones laborales, para conseguir optimizar el servicio que se presta ampliando la cantidad y calidad del mismo.

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UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.