Durante esta semana el alumnado y el profesorado de los centros de Primaria (3º de primaria) y los centros de Secundaria (4º de la ESO ) están inmersos en las pruebas externas establecidas en la LOMCE. Estas pruebas que, fruto de la presión sindical deberían ser pruebas de diagnóstico y muestrales, en nuestra comunidad Autónoma, la Consejería de Educación ha decidido que la de 3º de Primaria y la de 6º de Primaria serán censales.
Es decir, la Consejería de Educación ha decretado que todo el alumnado de estos niveles se vea sometido a la tensión y la ansiedad que estas evaluaciones externas suponen, sin ninguna necesidad.
Una vez más el Sector de Enseñanza de FeSP manifiesta su oposición a este tipo de evaluaciones externas que no refleja el aprendizaje adquirido ni contribuye a mejorarlo, por no contemplar medidas que reconduzcan los posibles desajustes que puedan existir .
Desde UGT defendemos una evaluación continua, adecuada y contextualizada a las peculiaridades del centro y del alumnado. Debe estar realizada por el profesorado del centro, que es el que conoce las características del alumnado, con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje del mismo y no deben ser censales, ni estandarizadas. Estas evaluaciones no pueden utilizarse para establecer clasificaciones.
Otro aspecto que inquieta especialmente al sindicato es la situación en la que deja la realización de estas pruebas al profesorado puesto que va a tener que supeditar su labor docente al resultado de las mismas, sin poder participar ni en la elaboración ni en la realización de estas pruebas , que serán aplicadas y calificadas por personas que no conocen al alumnado, lo que demuestra la desconfianza de la Consejería de Educación hacia la labor docente, generando la desmotivación del mismo y socavando su autonomía profesional.
Estas pruebas pueden marcar el desarrollo del aprendizaje y los contenidos que se desarrollarán en los centros para conseguir buenos resultados en las mismas.
Asimismo, denunciamos la externalización de la prueba de 6º de Primaria por un importe de 132.000 euros, lo que supone un derroche y un despilfarro que no contribuye a mejorar el sistema educativo.
Por todo ello, el Sindicato reclama la retirada de estas pruebas que no sirven para evaluar ni al alumnado, ni a los centros, ni al sistema educativo.
