Los delegados del sindicato Acaip-UGT (Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias-Unión General de Trabajadores) en el Centro Penitenciario de Logroño, Juan Pablo Pérez y José Manuel Garrote, se ha reunido esta mañana con los senadores del PSOE por La Rioja, María Victoria de Pablo y Pedro Antonio Montalvo, con el fin de poner en su conocimiento las precarias condiciones laborales de la prisión logroñesa, así como las propuestas del sindicato para mejorarlas.
Acaip-UGT reivindica más dotación de personal y de medios, ya que la plantilla de trabajadores de vigilancia tiene actualmente 47 vacantes, con un grave problema de envejecimiento de la plantilla. Precisamente, la falta de personal es una de las causas fundamentales del aumento de las agresiones que se viene produciendo en los últimos años en las prisiones españolas.
A este respecto, el sindicato considera necesario que, de forma urgente, la Administración Penitenciaria implante una verdadera política de prevención de riesgos laborales y desarrolle programas de tratamiento y prevención de la violencia en las cárceles.
Otra de los grandes problemas del colectivo es la pérdida de poder adquisitivo, que alcanza el 14%, que viene agravada por brechas salariales injustificadas entre puestos de trabajo iguales, como consecuencia de la clasificación por categorías de los centros. En este sentido, Acaip-UGT insta a la actualización de la categoría del Centro Penitenciario de Logroño, que ostenta una de las más bajas de España y, en consecuencia, sus trabajadores cuentan con unos de los peores salarios.
Además, los empleados no tienen posibilidad de acceder a promoción interna, carrera profesional ni a concursos de traslados, y están sufriendo recortes en formación y en acción social.
Asimismo, Acaip-UGT denuncia que la Administración está desmantelando la Sanidad Penitenciaria y que sigue privatizando servicios.
Acaip-UGT, junto al resto de sindicatos que ostentan la mayoría de la representación sindical, lleva casi dos años de campaña de movilizaciones, que incluyó 6 huelgas generales en los meses de octubre y noviembre de 2018, para denunciar la situación de deterioro público de la prisión de Logroño, visibilizar el abandono que sufre el colectivo penitenciario y reivindicar unas mejoras salariales justas para los empleados públicos que en ella trabajan.
