La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), sindicato mayoritario entre los trabajadores del Sector de Instituciones Penitenciarias (II.PP.), afiliado a UGT, traslada que el Estado Mayor de Operaciones de la Guardia Civil ha ordenado a la Comandancia de La Rioja dejar de custodiar el exterior del recinto del centro penitenciario capitalino desde el pasado día 1 de noviembre, después de ejercer esta labor durante más de treinta años.
De este modo son funcionarios de II.PP. los que realizan la labor de control externo y prevención en los accesos exteriores del establecimiento penitenciario, quebrándose el principio de seguridad que debe regir la instalación perimetral del penal riojano y contradiciendo la diferenciación establecida en la normativa penitenciaria que atribuye la seguridad, custodia y control exterior de los edificios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE).
Esta decisión ha causado una gran indignación en toda la plantilla del establecimiento penitenciario. El personal de la cárcel está asumiendo estupefacto la competencia de seguridad exterior. Este hecho pone en cuestión la reciente renovación del contrato millonario de la Secretaría de Estado de Seguridad con la seguridad privada para complementar la seguridad exterior de los centros penitenciarios.
ACAIP-UGT indica el sinsentido que tiene renovar estos programas de privatización de la seguridad perimetral cuando en la práctica son los empleados penitenciarios los que sin preparación, ni conocimiento, ni medios tienen que hacerse cargo de unas competencias que quien las ejerza ineludiblemente debe ser considerado autoridad y estar armado. Este hecho sume en una completa indefensión personal a quien deba ejercer esta competencia de seguridad exterior.
Los sindicatos señalan que esta medida vuelve a mermar la plantilla ya escasa del Centro Penitenciario riojano al detraer efectivos de vigilancia interior, y supone crear una nueva disfunción organizativa en el área de vigilancia del centro, al no existir protocolos homogéneos de actuación y de asunción de responsabilidades por parte de los diversos colectivos ahora implicados en la seguridad exterior: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresa de seguridad privada y, también ahora, funcionarios de instituciones penitenciarias.
Esta decisión, respaldada por la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, contribuye a reforzar la idea de desmantelamiento del actual servicio público esencial de las prisiones españolas, no solo en cuanto a la presencia efectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los centros penitenciarios, sino por la cantidad alarmante de falta de fuerza policial de custodia en salidas de consultas a hospital o a permisos extraordinarios concedidos a los presos. Estas decisiones no garantizan los derechos de las personas privadas de libertad y laceran las condiciones laborales, ya de sí muy deterioradas, de los empleados públicos penitenciarios.
