El Comité de Empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) exige a la Administración riojana que convoque las mesas de negociación necesarias para abordar las condiciones laborales del personal laboral, que llevan años sin experimentar mejoras retributivas reales y acumulan numerosos asuntos pendientes de resolver.
Uno de los principales problemas es la situación salarial de muchas categorías profesionales, cuyas retribuciones se encuentran muy próximas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una realidad que dificulta llegar a fin de mes a numerosos trabajadores y trabajadoras, especialmente ante el incremento del precio de los productos básicos, los suministros y la cesta de la compra. Una situación que se agrava para quienes tienen que desplazarse diariamente hasta sus centros de trabajo y asumir los correspondientes gastos de transporte.
Otro asunto que continúa bloqueado es la jubilación parcial. Decenas de trabajadores y trabajadoras siguen esperando una resolución de sus solicitudes después de que este derecho permaneciera suspendido durante aproximadamente un año y medio debido a los cambios normativos que exigían que los contratos de relevo fueran a tiempo completo y con carácter indefinido. La Administración riojana no actuó con la agilidad necesaria para convocar una oferta de empleo público extraordinaria que permitiera dar respuesta a esta situación, tal y como había reclamado el Comité. Actualmente, decenas de solicitudes continúan pendientes de resolución y la Administración justifica los retrasos por el exceso de volumen de trabajo del personal encargado de tramitarlas.
A esta situación se suma la falta de convocatoria de los procesos selectivos pendientes en distintas categorías de personal laboral, lo que hace prever que se genere un nuevo bloqueo en las próximas tandas de jubilaciones parciales por la falta de personal relevista. El Comité de Empresa también denuncia que permanecen aparcados otros asuntos fundamentales para el personal laboral, como la negociación de permisos y licencias, la equiparación de determinadas situaciones administrativas con el personal funcionario, la resolución de discrepancias en la interpretación de distintos artículos del convenio colectivo, prorrogado desde 2011, y la aplicación efectiva del protocolo de inclusión de personas con discapacidad intelectual. Este último contempla una serie de medidas que todavía no se han desarrollado o cuya aplicación ha sido únicamente parcial.
Ante esta acumulación de asuntos sin resolver, el Comité reclama a la Administración que se siente a negociar con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. El personal laboral de la CAR necesita respuestas, mejoras reales en sus condiciones de trabajo y soluciones a problemas que llevan demasiado tiempo esperando.
