El sindicato pide medidas cautelares contra la Resolución y lamenta que el atasco en la tramitación de demandas judiciales pueda demorar indeterminadamente el fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo
UGT Servicios Públicos ha reclamado a la Administración ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que aporte documentalmente el número de penalidades impuestas a las empresas que prestan servicios de atención residencial en los últimos 5 años, a efectos de acreditar los incumplimientos de las empresas y desde cuando se producen.
Los servicios jurídicos de UGT han solicitado a la Sala la aplicación de medidas cautelares contra la Resolución 1/2024 del 24 de enero de la Consejería de Salud y Políticas Sociales sobre la imposición de penalidades a las empresas de las residencias y centros de día para personas mayores en La Rioja.
Asimismo, UGT Servicios Públicos La Rioja habla de las consecuencias de dicha medida con respecto a los trabajadores afectados, al no verse las empresas obligadas a cumplir con los pliegos. Así, se indica que la carga de trabajo de las plantillas aumentará exponencialmente, y “dicha carga de trabajo afectará tanto a la salud física como psíquica de los trabajadores”.
UGT critica que esta medida afecta directamente a la salud de las personas trabajadoras, pero que además contraviene la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Por todo ello, UGT ha reclamado la nulidad de la Resolución 1/2024 del 24 de enero de la Consejería de Salud, puesto que permite que se continúe produciendo un daño al derecho de la salud de los trabajadores y usuarios.
Por último, el sindicato lamenta que el gran atasco en la Administración de Justicia ralentiza el funcionamiento de los procedimientos administrativos incoados, lo que ya está afectando a las riojanas y riojanos.
En lo que tiene que ver con esta demanda, creemos que la falta de cobertura de bajas y vacantes pueda demorar indeterminadamente el fallo de la sala, por lo que requerimos a la Administración de Justicia un aumento de personal que permita agilizar los procedimientos judiciales.
