La Dependencia en nuestro país es un motor económico que da empleo a más de 275.000 trabajadoras y trabajadores, siendo el 90% de las plantillas mujeres. Un sector feminizado que carece de los suficientes recursos y medios económicos para tener un empleo de calidad.
La precariedad laboral está cronificada y, tanto empresas como
Administraciones Públicas, miran para otro lado cuando desde UGT SERVICIOS PUBLICOS les recordamos que tienen que cumplir con su “compromiso social”, mejorando la situación laboral que siguen sufriendo las trabajadoras.
Altas cargas de trabajo, pocos recursos, elevados riesgos psicosociales y de
lesiones musculoesqueléticas, son algunas de las precarias condiciones que
sufren las trabajadoras en este sector. Situación ésta que se ve agravada actualmente por el incumplimiento, por parte de las patronales, del VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, el cual se encuentra en situación de ultraactividad desde hace más de tres años.
Dicho convenio asegura un incremento anual, en el mes de enero, de los
conceptos retributivos en la misma cuantía que el índice de precios al consumo (IPC) real del año anterior (año 2021) en el caso de que, en el momento de ser aplicada, el producto interior bruto (PIB) de la economía española publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya experimentado un incremento anual superior al 2 %, condición ésta
que se cumple ante los datos de la situación económica con la que finalizó el
2021.
Desde la Secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos, hemos exigido a las patronales que apliquen de inmediato la cláusula por la cual se deben incrementar los salarios un 6,5% en
correspondencia con el IPC real de 2021.
Sin embargo, las patronales de este sector, tras la convocatoria de mediación
iniciada por UGT Servicios Públicos el pasado 25 de enero ante el SIMA, se han negado a reconocer que deben aplicar el incremento salarial del 6,5%,
afirmando, por una parte, que no cabe la aplicación hasta la publicación
definitiva del incremento anual del PIB, por parte del INE, que será el próximo
25 de marzo y, por otra, no reconocen que el IPC real que deba aplicarse sea un 6,5%, todo ello con la única y clara intención de dilatar el pago en las nóminas de las trabajadoras.
Es obvio que ni una circunstancia, fecha de publicación definitiva, ni la otra, interpretación del IPC real, tienen sentido en el momento actual. Para UGT Servicios Públicos, no cabe interpretación alguna.
Retrasar el incremento salarial, implica un menosprecio al trabajo que durante
años vienen realizando las trabajadoras de este Sector en el que se encuentran Residencias, Centros de Día, Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
Para la Secretaría de Dependencia de UGT SERVICIOS PÚBLICOS es prioritaria la recuperación del poder adquisitivo en el sector de la Dependencia así como la mejora de sus condiciones laborales: reducción de la jornada laboral, aumento de plantillas, reforzar la salud laboral etc.
Por todo ello, EXIGIMOS A LAS PATRONALES “LA DIGNIFICACIÓN DE ESTE SECTOR”, MAYORITARIAMENTE FEMENINO, PONIENDO EN VALOR EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A NUESTROS MAYORES EN EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA SOPORTANDO UNAS MALAS CONDICIONES LABORALES ASÍ COMO “LA APLICACIÓN INMEDIATA DEL INCREMENTO SALARIAL DEL 6,5%”, POR SER DE JUSTICIA Y SOBRE TODO, POR RESPONSABILIDAD.
