UGT y CCOO obligan a Correosa cumplir la ley en materia de prevención de riesgos laborales en La Rioja, poniendo en funcionamiento el Comité de Seguridad y Salud para combatir el ocultamiento de datos COVID que viene haciendo la empresa. La medida permitirá mejorar la protección de los más de 400 trabajadores/as en plantilla en la provincia, tanto frente al riesgo de infección por COVID-19 como ante los daños asociados a las sobrecargas de trabajo. |
Tras meses de incumplimiento legal en materia de prevención de riesgos laborales, los sindicatos UGT y CCOO han obligado a Correos a cumplir con la ley, constituyendo el Comité de Seguridad y Salud en la provincia de La Rioja. El 25 de marzo del 2021, se ha constituido este comité, que es el órgano legalmente previsto en el que la empresa tiene que informar y dar participación a los representantes de los trabajadores/as, donde además deben discutirse, antes de que se implanten, las decisiones para evitar riesgos y daños a la salud de las más de 400 personas que trabajan en el servicio público postal en nuestra provincia.
Esta medida era una demanda reiterada por ambas organizaciones sindicales, ante la deficiente gestión realizada por Correos en materia preventiva frente a la pandemia del coronavirus, una enfermedad que ha llegado a afectar a casi 10.000 trabajadores/as de la plantilla en todo el Estado, sumando las cifras de contagios acreditados y posibles, y los que han tenido que guardar cuarentena.
UGT y CCOO consideran un logro la constitución de este comité, y esperan que a través de él puedan implantarse mayores medidas preventivas que eviten que Correos siga ocultando los datos de COVID, y que impidan exponer al riesgo de contagio a cientos de trabajadores/as, así como a los miles de ciudadanos/as que se atienden a diario en las oficinas. Ambos sindicatos lamentan que se tenga que hacer con meses de retraso, y solamente porque la empresa se haya visto obligada.
El descontento con la gestión de Juan Manuel Serrano al frente de Correos es un clamor dentro de la empresa pública, y además se está extendiendo a los vecinos/as y ayuntamientos de pequeñas localidades, donde en el afán de recortar gastos, se están suprimiendo puestos y recortando el servicio público postal, tanto en nuestra provincia como en el conjunto del Estado.