UGT considera que la pandemia del Covid-19 ha destapado las carencias en la educación a distancia. Agujeros que tienen que ver con la falta de formación en competencias digitales de los progenitores y de los propios profesores/as. Una cuestión que no es culpa de ninguno de ellos, sino de la falta de unas políticas adecuadas para preparar a nuestro país ante el reto digital.
Datos del INE reflejan esta falta de competencias y medios de los padres
- El 51% de los progenitores con hijos viviendo en el mismo hogar tiene unas habilidades digitales deficientes (básicas, bajas o nulas) y otro 27% no acredita ninguna competencia informática. Esta situación se agudiza más cuando hablamos de las familias monoparentales: un 54% sufre deficiencias severas en habilidades digitales y un 47% presenta unas competencias informáticas básicas o nulas.
- 1 de cada 5 progenitores no usa nunca el correo electrónico; un 30% no es capaz de mover ficheros en un ordenador; un 40% que convive con hijos no sabe usar un procesador de textos, y la mitad de estos padres y madres no puede ayudar a sus hijos a hacer una presentación.
- Además, 4 de cada 5 padres nunca visitó anteriormente una web educativa y un 83% nunca ha hecho un curso en formato online.
- Respecto al número de ordenadores en casa: el 44% de los hogares con menos posibilidades económicas solo tiene uno y el 14% no tiene ninguno.
- Conviene destacar que el Ministerio de Educación y Formación Profesional es uno de los ministerios que menos gasto ha hecho en TIC en el periodo 2013-2018. No alcanzó el 4% del total presupuestario y en algunos momentos bajo al 3%.
Falta de competencias tecnológicas de los docentes
Otros datos indican las deficiencias del sector educativo en la utilización de las nuevas tecnologías.
Solo el 53% de los docentes tiene las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar dispositivos digitales en la enseñanza.
El 50% de los centros educativos españoles NO dispone de una plataforma online eficaz de apoyo a la enseñanza, con grandes diferencias entre CCAA: sobre un 35% en el caso de Aragón o un 37% en Asturias.
