A falta de conocer en detalle las propuestas del proceso de desescalada en el ámbito educativo, anunciadas por el Gobierno, UGT considera que las propuestas anunciadas generan más dudas que certezas.
A juicio de este sindicato, como cuestiones previas a la apertura de los centros y negociadas con las organizaciones sindicales, se deben tomar las siguientes medidas:
- Realización de pruebas diagnósticas de PCR a los trabajadores y trabajadoras que, en su caso, desempeñen actividades en los centros.
- Tratamiento individualizado de cara a la actividad presencial, de las personas especialmente sensibles: diabéticos, con enfermedades cardiovasculares, hepáticas, renales o pulmonares crónicas, hipertensión, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo o personas mayores de 60 años.
- Desinfección previa y medidas periódicas de limpieza general del centro: aulas y el resto de instalaciones y disponibilidad de jabones desinfectantes de uso rápido en todas ellas.
- Proporcionar a los trabajadores, antes del inicio de la actividad, equipos de protección individual.
- Limitar a las estrictamente imprescindibles las horas presenciales en los centros y disminuir la ratio del alumnado.
- Establecer protocolos de actuación con medidas concretas sobre distanciamiento, eliminación de residuos, qué hacer en caso de alumnado o personas trabajadoras con síntomas…
Parece razonable que la actividad lectiva presencial no se reanude hasta el mes de septiembre, por lo tanto, entendemos que el profesorado sigue trabajando como hasta ahora.
UGT ya manifestó en su día que las actividades que se diseñaran para el mes de julio, en caso de haberlas, deberían ser realizadas por personal ajeno a los centros educativos. Si son a las que se ha referido el gobierno para realizar en la apertura en mayo de los centros, reiteramos nuestra posición.
Mención aparte merece la situación de los trabajadores y trabajadoras de las Escuelas Infantiles. Muchos de ellos, acogidos a ERTES, cuando no, directamente despedidos. ¿Cuál es la propuesta concreta para ellos?
Por último, el fin de los centros educativos no es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, aunque sean un importante elemento conciliador. Tener en cuenta solamente este enfoque es erróneo e injusto para los trabajadores y trabajadoras de la Educación.
Deben ser las empresas y las Administraciones Públicas quienes garanticen al conjunto de las personas trabajadoras las medidas de conciliación. Así se está exigiendo desde UGT en todos los ámbitos
