El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia, que permitirá revertir parte de las medidas de recortes en los centros públicos como son la sustitución inmediata de profesores que estén de baja, la disminución del número de alumnos por clase ajustando las ratios a la ley y la recomendación del horario lectivo máximo para los profesores, recuperando la situación previa al año 2012.
Sin embargo, la medida que afecta a la jornada lectiva del profesorado no se incluye con carácter básico, como nuestra organización había venido exigiendo al Ministerio de Educación desde el inicio de su tramitación. De esta forma, las Administraciones Públicas podrán establecer la parte lectiva de la jornada docente en centros públicos, recomendándose un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de 18 horas en los centros de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.
UGT ha venido reclamando insistentemente la derogación del RD 14/2012 puesto en marcha por el gobierno del PP que establecía de forma obligada para todas las comunidades autónomas una serie de recortes educativos que han supuesto una grave agresión de derechos en estos años y que han afectado a la pérdida de más de 30.000 puestos docentes por el aumento de la jornada lectiva del profesorado.
Una enmienda presentada por el Partido Popular aprobada en el Senado, establecía de forma general la jornada lectiva para todo el profesorado aunque dicha enmienda no ha sido incorporada en el texto final.
UGT ha venido denunciando que el profesorado español imparte un mayor número de horas de enseñanza al año que la media de sus colegas de la UE22 y de la OCDE, tanto en Primaria como en Secundaria. En Educación Primaria, los docentes españoles, con un promedio de 880 horas anuales de enseñanza, superan en más de 100 horas el promedio de los países de la UE22 (767) y en más de 80 el de la OCDE (794). La sobrecarga en la enseñanza directa en el aula implica una disponibilidad horaria menor para otras actividades docentes que también tienen una gran influencia en la calidad de la enseñanza.
El Sindicato recuerda que tanto el Congreso como el Senado han estado de acuerdo en defender la reversión de los recortes. Por tanto, si todos los grupos parlamentarios han manifestado su apoyo por acabar con estas medidas no hay excusa para que las Administraciones educativas se sienten a negociar en cada Comunidad autónoma el establecimiento de la jornada lectiva del profesorado.
UGT urge a todas las Administraciones educativas, como un primer paso, a que se aplique con carácter general el máximo de horas lectivas previstas en la Ley.
