FeSP-UGT ha elaborado un informe que refleja detalladamente las desigualdades salariales que existen en la Administración General del Estado. Excluyendo a las fuerzas armadas y a los cuerpos de Seguridad del Estado, la AGE cuenta con unos 202.000 trabajadores y trabajadoras.
La AGE se ha caracterizado siempre por ser la Administración Pública que peor retribuye a sus trabajadores; además las desigualdades se dan a varias escalas. Por ejemplo, en la Administración de Justicia existen grandes diferencias entre los salarios del personal transferido a las Comunidades Autónomas y el perteneciente al Ministerio.
También dentro de la propia Administración General del Estado, es decir, entre el personal que trabaja en los diferentes ministerios, se encuentran brechas salariales muy significativas. Los flujos que se observan en los concursos de traslados certifican cuáles son los menos atractivos (del Ministerio de Defensa huye el personal).
Los desequilibrios se dan incluso dentro del mismo organismo: en las Instituciones Penitenciarias el complemento específico va ligado al propio centro de trabajo; existe una clasificación que data de 1989 y que agrupa las prisiones de España en nueve categorías diferentes en función de la estructura arquitectónica de cada cárcel. En este sentido, se necesitarían 160 millones de euros para paliar la discriminación que padecen unos 20.000 trabajadores de prisiones.
La desigualdad más grave de todas es la que se produce en función del régimen contractual (laboral, funcionario o estatutario). Existe una diferencia significativa entre las retribuciones medias del personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General del Estado para categorías profesionales equivalentes. 14.000 trabajadores de la AGE sufren esta injusticia, ya que se trata de cuerpos idénticos.
En este panorama, UGT plantea tres reivindicaciones a la Administración:
– La homologación salarial entre laborales y funcionarios. Actualmente se está negociando ya el IV Convenio Único.
– La subida lineal de 200 euros para 200.000 trabajadores, que es una reivindicación conjunta con otros sindicatos, reflejada en campañas de movilizaciones durante 2018.
– El desarrollo de la Ley de Función Pública con el establecimiento de la carrera profesional. En este punto el EBEP ya se ha desarrollado en todas las Comunidades Autónomas y sin embargo en la AGE aún no se ha iniciado la negociación.
