Algunos medios de comunicación han adelantado que el Pleno del Tribunal Constitucional aprobará por abrumadora mayoría la ponencia elaborada por uno de sus magistrados que avalará la constitucionalidad de algunos de los aspectos más contestados y controvertidos de la LOMCE. Todo ello como respuesta a un recurso interpuesto en 2014 por cien parlamentarios y parlamentarias del PSOE.
El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT ha venido oponiéndose a dichas disposiciones recogidas en la LOMCE. Entre ellas figura, por ejemplo, la financiación de los centros que separan por sexo al alumnado. La elección por parte de los padres o tutores de centros que segregan, separando en aulas diferenciadas a alumnos y alumnas, es una decisión de carácter personal respetable. Pero su financiación con fondos públicos es una cuestión de interés general, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos públicos son limitados. Consideramos que en un sentido amplio, y aunque la legislación educativa no lo determine expresamente, la segregación del alumnado por sexo es contraria al artículo 14 de la Constitución.
Por otra parte, el tratamiento de la enseñanza de la Religión como materia evaluable no se corresponde con la definición de España como estado aconfesional. Siempre hemos defendido que el estudio confesional de las religiones salga fuera del ámbito escolar y que en ningún caso condicione la evaluación global del alumnado para el acceso a otros niveles educativos.
UGT siempre ha defendido un modelo democrático y colaborativo en la gobernanza de los centros educativos. La LOMCE restringió drásticamente la participación de la comunidad educativa y el papel de los consejos escolares. A nuestro juicio, docentes, madres y padres, alumnado y personal no docente pueden contribuir a una mejor adaptación e integración en el medio en que se desarrolla la función educativa y orientadora del alumnado.
Si además de los aspectos ya reseñados, el Tribunal Constitucional avala la separación de los alumnos y alumnas a una edad temprana en los distintos itinerarios formativos, que en la práctica supone condicionar la formación y el futuro del alumnado en una etapa en la que aún no tiene clarificadas sus aptitudes y actitudes y carece de la madurez necesaria, supondrá blindar la naturaleza de una ley segregadora y clasista como es la LOMCE, que conviene recordar es la única ley educativa que contó exclusivamente con el apoyo del PP, que aplicó el rodillo de su mayoría absoluta.
Desde el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, seguimos reclamando la negociación de una nueva ley educativa y recordamos el compromiso de derogar la LOMCE que ya en 2013 contrajeron con la comunidad educativa todos los grupos de la oposición de entonces (excepto UPyD).
También cabe recordar que el PP se quedó solo en 2016 ante una proposición no de ley (PNL) que pedía paralizar la implantación de tan contestada ley.
Si lo anticipado por los medios se confirma y el Tribunal Constitucional mantiene su pronunciamiento, será una mala noticia para nuestro sistema educativo.
