Durante esta semana el alumnado y el profesorado de los centros de Primaria (3º de primaria) están inmersos en las pruebas externas establecidas en la LOMCE. Estas pruebas que, aunque fruto de la presión sindical deberían ser pruebas de diagnóstico y muestrales, la Consejería de Educación de La Rioja ha decidido que la de 3º de Primaria y la de 6º de Primaria sean censales.
Es decir, la Consejería de Educación ha decretado que todo el alumnado de estos niveles se vea sometido a la tensión y la ansiedad que estas evaluaciones externas suponen, sin ninguna necesidad.
Una vez más, el Sector de Enseñanza de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT La Rioja manifiesta su oposición a este tipo de evaluaciones externas, que no reflejan el aprendizaje adquirido ni contribuyen a mejorarlo, porque no contemplan medidas que reconduzcan los posibles desajustes que puedan existir.
UGT defiende una evaluación continua, adecuada y contextualizada a las peculiaridades del centro y del alumnado. Debe estar realizada por el profesorado del centro, que es el que conoce las características del alumnado, con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje del mismo y no deben ser censales, ni estandarizadas. Estas evaluaciones no pueden utilizarse para establecer clasificaciones.
Otro aspecto que inquieta especialmente al sindicato es la situación en la que deja la realización de estas pruebas al profesorado, puesto que va a tener que supeditar su labor docente al resultado de las mismas, sin poder participar ni en la elaboración ni en la realización de estas pruebas, que serán aplicadas y calificadas por personas que no conocen al alumnado. Esto demuestra la desconfianza de la Consejería de Educación hacia la labor docente, generando la desmotivación del mismo y socavando su autonomía profesional.
Estas pruebas pueden marcar el desarrollo del aprendizaje y los contenidos que se desarrollarán en los centros para conseguir buenos resultados en las mismas.
Por todo ello, FeSP-UGT La Rioja reclama la retirada de estas pruebas que no sirven para evaluar ni al alumnado, ni a los centros, ni al sistema educativo.