La reciente Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 del Reino de España, remitido por el Gobierno en funciones a la Unión Europea, se muestra continuista con las políticas de recorte con los Servicios Públicos, tal y como queda evidenciado en las proyecciones que sobre el gasto por funciones plantea el referido Programa.
Así, en dicho periodo, se prevé una minoración de los gastos relacionados con la calidad de vida de las personas y los Servicios Públicos (en % del PIB) del 3,25%. Circunstancia que, en la práctica, va a suponer un mayor deterioro en los mismos, pues las partidas presupuestarias destinadas a financiarlos se verán mermadas un ejercicio tras otro.
Unas medidas que contradicen el sentir generalizado de la ciudadanía que, en dos Informes Oficiales, elaborados por el Defensor del Pueblo y la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL), exige más y mejores servicios públicos, cuestión avalada por ambos organismos, pues aunque consideran que la situación ha mejorado ligeramente en 2015, la realidad de los Servicios Públicos es manifiestamente mejorable.
Hasta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en Informe de 22 de abril de 2016 sobre el Programa, señala que “…la materialización de esta senda restrictiva para los gastos implica, un coste a corto plazo en términos de menor crecimiento de la actividad productiva, presentándose por tanto un riesgo a la baja en el crecimiento del PIB”.
Pues bien, de eso se trata, de intentar demostrar de manera breve y concisa en el presente Informe que el Gobierno en funciones, aunque las ha moderado ligeramente, no ha variado un ápice sus políticas de recorte en materia de Servicios Públicos, en contra de las necesidades de la ciudadanía, así como de una auténtica recuperación económica y la implantación de un nuevo modelo productivo. Porque desde la FeSP-UGT consideramos que el bienestar social es un factor de competitividad que contribuye decisivamente en la eficiencia económica del país.
La principal CONCLUSIÓN que se obtiene de los datos analizados es que el Gobierno en funciones ha proyectado una política económica que es inversamente proporcional a las políticas sociales que demanda y necesita la ciudadanía, lo que va a contribuir a generar más pobreza y desigualdad, pues, mucho nos tememos, los ajustes exigidos por la Comisión Europea van a continuar focalizándose sobre los Servicios Públicos.
Por ello, frente a esta circunstancia, desde la Federación de emplea@s de los Servicios Públicos (FeSP), vamos a insistir en las siguientes PROPUESTAS básicas con la intención de aumentar la cohesión social por el bien común:
1. La necesidad de recuperar el discurso de lo público como esencia de la democracia, pues la calidad de la misma depende del desarrollo de los servicios públicos, así como de los ideales de igualdad distributiva y justicia social.
2. Una política social financieramente sostenible, estableciendo un suelo mínimo de gasto social de partida en cada servicio público.
3. Reformar el sistema fiscal y tributario para aumentar los ingresos, basado en los principios de suficiencia, equidad y progresividad, que sirvan para financiar las políticas de inversión social.
4. El bienestar de la ciudadanía es un factor de competitividad, pues contribuye a la eficiencia económica del país, ofreciendo seguridad y protección social que garantizan la cohesión social.
5. Una ordenación de los Servicios Públicos desde la transparencia y el control público de su calidad, titularidad, gestión y financiación.
6. Exigir coherencia, responsabilidad e implicación en la defensa de la sanidad, educación, dependencia, etc., resaltando el espíritu del Pacto Constitucional en estas materias.
7. Poner en valor el empleo público estable con el fin de prestar con garantía u calidad los servicios básicos y fundamentales que demanda la ciudadanía, con una fuerte dimensión social y unas condiciones laborales dignas.
8. Un marco de participación de los sindicatos en las políticas públicas que afecten a la calidad de vida y bienestar general, de acuerdo con las funciones que nos atribuye la Constitución.
