El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre incremento retributivo del sector público en 2019, en consonancia con los compromisos asumidos con los sindicatos en materia de función pública.
El Gobierno garantiza, con la aprobación del Real Decreto-ley que el incremento se hace efectivo desde el 1 de enero. La subida salarial se aplica a los empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, lo que representa que se van a incrementar las retribuciones de más de 2,5 millones de empleados públicos.
Con la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros se reconoce el esfuerzo que los empleados públicos hicieron para sacar a este país de la crisis, su dedicación, esfuerzo, profesionalidad y vocación de servicio público. El Gobierno cumple así el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y retributivas desde el primer día de 2019.
El incremento de las retribuciones para 2019 establece una subida fija del 2,25% para todos los empleados públicos, a la que hay que sumar un porcentaje variable que puede alcanzar el 0,25%, ligado a la evolución del PIB a partir de un 2,5%. Los empleados públicos contarán, además, con otro 0,25% de fondos adicionales cuyo reparto, en este caso, dependerá de la negociación de cada administración con sus organizaciones sindicales.
En el caso de la retribución variable del 0,25% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5% (los porcentajes variables según el crecimiento del PIB quedan reflejados en la tabla resumen de incrementos).
Coste del incremento de las retribuciones
El coste del Real Decreto-ley en términos de variación de la remuneración de asalariados del sector público, entre los ejercicios 2019 y 2018, es de 3.625 millones de euros.
Se incluye en este coste tanto el incremento fijo (2,25%), los fondos adicionales (0,25%) y también el variable (máximo de 0,25%) cuyo importe dependerá del incremento del PIB.
Ampliación de derechos de los empleados públicos
Esta medida se une a todas las aprobadas por este Gobierno en los últimos meses en materia de función pública. Entre ellas, destacan la oferta de empleo público, la mayor de los últimos diez años y que suma en 2018 un total de 30.844 plazas, la reducción de la temporalidad en un 8%, la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas, la movilidad de funcionarias víctimas de maltrato con plenas garantías y la posibilidad de que los afectados por VIH, diabetes, celiaquía y psoriasis puedan acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las fuerzas armadas y los cuerpos de vigilancia aduanera, e instituciones penitenciarias.
Asimismo, el Gobierno trabaja para la ampliación de derechos y aumentar las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, aprobando medidas como por ejemplo, la acumulación de un 5% de las horas para atender a menores, mayores o discapacitados, y también en la recuperación de derechos, por eso ha suprimido la reducción de las retribuciones que sufrían los empleados públicos desde 2012 por incapacidad temporal.
