Bajo el lema #PrisionesSinAgresiones, los sindicatos protestan por las continuas agresiones y quieren reprobar cualquier acto de violencia que pueda menoscabar la dignidad personal o la integridad física de cualquier trabajadora o trabajador penitenciario. De igual forma, los sindicatos, con estas concentraciones masivas, quieren mostrar su solidaridad y dar apoyo a todos los compañeros y compañeras agredidas.

Las concentraciones darán comienzo a las 11 de la mañana del jueves y se llevarán a cabo en las puertas de los establecimientos penitenciarios. Las mismas denuncian el incremento de las agresiones en el último año y trasladan la necesidad de que se establezcan medidas de prevención de riesgos laborales, que garanticen la seguridad y la salud de las empleadas y empleados públicos penitenciarios.

En este año 2018, en el interior de las cárceles se denuncia una agresión cada día. Los sindicatos convocantes señalan que entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones a trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias. El pasado año 2017, las lesiones graves sufrieron un incremento del 60% con respecto al año anterior.

Para hacer frente a este grave problema, los sindicatos consideran urgente resolver la acuciante falta de personal con más de 3.400 vacantes sin ocupar, lo que sin duda es una de las causas fundamentales del aumento de las agresiones. De este modo, Acaip, CC.OO. y UGT exigen un incremento de plantilla y una mejora en la clasificación regimental de la población reclusa.

Así, hay un 15% menos de efectivos de los que debiera haber, y las 831 plazas anunciadas para la oferta de empleo público del 2018 se muestran insuficientes para garantizar la seguridad interior de las prisiones.

Los accidentes laborales del personal penitenciario supusieron en 2017 un incremento del 30% hasta contabilizar la cifra de 1.186 (según los datos del Congreso de los Diputados).

Los delegados de Acaip, CC.OO. y UGT del centro penitenciario de Logroño recuerdan que el mismo cuenta con un total de 289 internos y que en la plantilla de funcionarios de vigilancia existen en la actualidad 43 vacantes. Desde el 30 de mayo del 2017 existe un protocolo específico de actuación para prevenir las agresiones al personal penitenciario, que se viene incumpliendo sistemáticamente por parte de la Administración.

Por otro lado, los sindicatos también apuntan la necesidad de abordar el problema grave de la enfermedad mental, dado el incremento de internos con patologías psiquiátricas en las prisiones, y reclaman de manera urgente la consideración de agentes de autoridad, así como dotar de una formación específica y adecuada para afrontar estas situaciones.

Para finalizar, los sindicatos denuncian que hay agresiones a diario en todo el país y los políticos no pueden seguir mirando hacia otro lado: es necesario que la Administración Penitenciaria implante una verdadera política de prevención de riesgos laborales, mejore la clasificación penitenciaria y genere programas de tratamiento y prevención de la violencia en las cárceles. Se tiene que frenar el actual abandono de las prestaciones sanitarias y asistenciales, y el deterioro de un servicio público que alerta contra la paulatina y continua privatización de los servicios públicos penitenciarios.

Esta movilización surge como preámbulo de las protestas que los funcionarios de prisiones tienen previsto llevar a cabo a partir del 1 de septiembre.

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